El objetivo es lograr las ayudas directas tan necesarias para el sector, que el gobierno, una semana más, ha vuelto a retrasar en el Consejo de Ministros. A pesar del compromiso público de la Ministra de Turismo, hace ya casi un mes, y del propio Presidente del Gobierno, con los hosteleros, que están sufriendo las peores consecuencias económicas por las medidas restrictivas derivadas de el COVID-19.

Desde HOSTELERÍA DE ESPAÑA consideramos inadmisible el retraso en la aprobación de dichas ayudas. Ralentizar este proceso y la inacción del gobierno podría suponer el cierre de un tercio de los establecimientos hosteleros, hasta 100.000, y la pérdida de entre 900.000 y 1,1 millones de puestos de trabajo, entre directos e indirectos, según las previsiones en el peor de los escenarios.

De nuevo salimos perdiendo en la comparación con otros países de Europa, como Francia o Alemania, que pusieron en marcha de manera simultánea la aplicación de restricciones con las medidas fiscales o las ayudas directas para proteger a la hostelería.

Los datos que arroja la crisis provocada por la pandemia han supuesto, hasta el mes de octubre, el cierre de 65.000 negocios hosteleros, la pérdida de 350.000 puestos de trabajo y la facturación ya ha caído más del 50% respecto a 2019.

Aunque es cierto que Comunidades Autónomas como Murcia, Galicia, Navarra, Asturias, Aragón o Cataluña  ya han anunciado medidas para salvar la hostelería,  es fundamental que a nivel estatal se aprueben dichas ayudas directas, estimadas en 8.500 millones de euros.

A la espera de conocerse  las ayudas los hosteleros siguen mostrando su situación desesperada  a través de las diferentes movilizaciones que se suceden por todo el territorio.