Tras la declaración en marzo de 2020 del primer estado de alarma, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico adoptó una serie de disposiciones -recogidas en el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo- y determinó destinar medidas para pymes relacionadas con el abono de servicios básicos como la electricidad y el gas durante el estado de alarma y los tres meses posteriores. Entre ellas, se contemplaba la suspensión de pago de las facturas tanto de gas como de electricidad a pequeñas y medianas empresas y las modificaciones sin penalización de potencias en electricidad y de caudal en gas.

Estas medidas ayudaron a aliviar en cierta medida la situación del sector alojativo puesto que, con la llegada de la pandemia, muchos establecimientos se vieron abocados al cierre y a una solicitud del cambio de potencia energética. En el caso de la electricidad, la normativa general permite tan sólo un cambio al año. Así, con la llegada de la desescalada y la reapertura de algunos establecimientos hoteleros, los alojamientos que abrieron pudieron solicitar de nuevo un cambio de potencia gracias a las medidas contempladas por el Ejecutivo. Estas disposiciones dejaron de estar en vigor en septiembre de este año.

Sin embargo, con la declaración del nuevo estado de alarma -que podría durar hasta mayo de 2021-, muchos establecimientos se están viendo en la obligación de volver a cerrar y, con la actual normativa, no pueden solicitar un nuevo cambio de potencia energética.Por ello, CEHAT e ITH demandan que se mantengan o prorroguen las dos medidas especiales aprobadas durante el anterior estado de alarma o que se consideren otras similares y que el marco legislativo aporte medidas concretas para que cada establecimiento pueda implementar soluciones particulares de forma flexible. Esto permitiría proteger la viabilidad de las empresas y la competitividad del sector también desde el punto de vista energético.

“Ante un escenario cambiante, necesitamos medidas flexibles -apunta Jorge Marichal, presidente de CEHAT-. La situación se complica por momentos para el sector alojativo español. No se vislumbra solución a corto plazo y muchos alojamientos siguen cerrados o están a punto de cerrar sus puertas ante la falta de clientes. Necesitamos soluciones concretas que permitan la supervivencia del sector hasta que se garantice la reactivación de la actividad turística y la consiguiente reapertura de los establecimientos hoteleros”.

Estas disposiciones son fundamentales para paliar el fuerte impacto económico que está originando la pandemia en el sector, que se estima en unos 50.000 € por hotel al mes de los que el sobrecoste energético supone entre 2.000 y 3.000 € mensuales por alojamiento. Álvaro Carrillo de Albornoz, director general del ITH, apunta que “este tipo de medidas para pymes son esenciales para poder adaptar las necesidades de los establecimientos alojativos a las nuevas medidas tomadas desde el Gobierno para combatir la pandemia. En este sentido, en ITH contamos con socios como Exclusivas Energéticas que ofrece servicios y soluciones personalizadas para la optimización del consumo y gasto energético”.