El documento se ha enviado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ya que se trata únicamente de una propuesta del sector al Ejecutivo, al que reclama más ayudas pero también apoyo para generar confianza y seguridad en la población.

Una condición clave en opinión de los hosteleros, temerosos de que sus clientes restrinjan su consumo fuera del hogar por miedo.

Lo más llamativo: Hacer tests a la entrada

Los autores de este plan apuntan a que el Gobierno ya estudia medidas “aceleradoras” implementadas en países como Corea del Sur o Islandia: llevar a cabo test masivos, centralizar el reparto de material esencial como mascarillas y guantes, así como conceder un “pasaporte sanitario” en base a un test inmunológico previo.

Ellos abogan por añadir cuatro más, entre ellas realizar tests de COVID-19 a sus clientes antes de entrar en el local, para lo que considera que el Gobierno debería “dotar” de esas pruebas a los empresarios del sector.

En su opinión, la medida serviría para dar confianza al consumidor de que el establecimiento está libre de coronavirus y sería fácil de implementar, aunque supondría una intrusión “bastante relevante”.

Realizar un cuestionario en la puerta con preguntas fijas para no permitir el acceso a personas de riesgo, medir la temperatura de los clientes (aunque para ello piden que Sanidad regule y lo haga de forma alineada con la Agencia Española de Protección de Datos) y que el Ejecutivo inicie una campaña de comunicación sobre que bares y restaurantes son espacios seguros completan la propuesta.

Diferencias por territorios

El documento elaborado por EY recoge la recomendación de acometer una escalada gradual por regiones, en función de los indicadores sanitarios, pero también teniendo en cuenta el peso del turismo en su economía.

Una vez estudiadas las variables, consideran que la reapertura es “más prioritaria” en Canarias, Baleares y Andalucía, porque obtienen un “buen” resultado; de cerca le siguen Murcia, Asturias y Galicia, con un “suficiente”.

Ya existe un cumplimiento “medio” de las condiciones en Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón y Cantabria; en “bajo” sitúan a La Rioja, Cataluña y Castilla-La Mancha; mientras que Madrid, Navarra y País Vasco se encuentran a la cola por su cumplimiento “muy bajo”.

Además, defienden “favorecer el confinamiento de territorios micro-segmentados ante potenciales rebrotes, minimizando el impacto económico” en el sector.

En su opinión, la medida serviría para dar confianza al consumidor de que el establecimiento está libre de coronavirus y sería fácil de implementar, aunque supondría una intrusión “bastante relevante”.

Realizar un cuestionario en la puerta con preguntas fijas para no permitir el acceso a personas de riesgo, medir la temperatura de los clientes (aunque para ello piden que Sanidad regule y lo haga de forma alineada con la Agencia Española de Protección de Datos) y que el Ejecutivo inicie una campaña de comunicación sobre que bares y restaurantes son espacios seguros completan la propuesta.

Mantelería desechable y ni rastro de mamparas

Los hosteleros proponen crear diferentes espacios, tanto en terrazas como dentro del establecimiento, a través de la colocación de elementos físicos como las propias mesas o cordones.

Además, se desaconseja el uso de cartas físicas con el menú, se proporcionará gel desinfectante a los clientes y se apuesta por usar mantelería de un solo uso, además de eliminar productos de autoservicio como servilleteros o aceiteras.

Ni rastro en todo el documento de colocar mamparas en los bar y sólo aconseja al personal del establecimiento llevar mascarilla o pantallas faciales cuando en el servicio no se puedan respetar las distancias de seguridad.

Desinfectar y limpiar con mayor asiduidad o utilizar temperaturas superiores a 80 grados a la hora de lavar los platos y la cubertería son otras indicaciones a seguir por los hosteleros.

Apoyo económico para salvar la quiebra

A este paquete se suma toda una batería de reivindicaciones relacionadas con ayudas económicas ante la magnitud de una crisis que amenaza con cerrar hasta 85.000 de los cerca de 300.000 establecimientos del país.

El sector reclama la devolución “íntegra” de los alquileres -o su exención si no han sido abonados-, acceder a microcréditos, moratorias y reducciones en el pago de impuestos, flexibilizar los ERTE y los horarios de apertura, así como aumentar la superficie destinada a las terrazas y reducir el IVA del sector.EFE